Transacciones económicas con el exterior: Régimen Sancionador

RÉGIMEN SANCIONADOR

Por los hechos constitutivos de infracción, recogidos en la Ley 19/2003, de 4 de julio, darán lugar a la imposición de sanciones a las personas físicas o jurídicas responsables.

Las INFRACCIONES, previstas en el artículo 8 de la Ley 19/2003, de 4 de julio, se clasifican en:

  • Infracciones muy graves (artículo 8.2)
  • Infracciones graves (artículo 8.3)
  • Infracciones leves (artículo 8.4)

Por la comisión de infracciones, se podrán imponer las siguientes SANCIONES (artículo 9 de la Ley 19/2003):

  • Por la comisión de infracciones muy graves:
    • Multa, entre 30.000 € y el contenido económico de la operación, y
    • Amonestación pública o privada.
  • Por la comisión de infracciones graves:
    • Multa, entre  6.000 € y la mitad del contenido económico de la operación, y
    • Amonestación pública o privada.
  • Por la comisión de infracciones leves:
    • Multa, entre  3.000 € y un cuarto del contenido económico de la operación, y
    • Amonestación privada.

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

  • La competencia para la incoación e instrucción de los procedimientos sancionadores, corresponderá a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  • La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes, se regirá por:
    • La imposición de sanciones por infracciones muy graves, corresponderá al Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
    • La imposición de sanciones por infracciones graves, corresponderá a la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a propuesta de la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
    • La imposición de sanciones por infracciones leves, corresponderá al Director General del Tesoro y Política Financiera, a propuesta del instructor.

El procedimiento sancionador de las infracciones será el previsto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas y Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas de 1 de octubre.