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Análisis Sectorial de Riesgos de Personas y Estructuras Jurídicas

Las personas y estructuras jurídicas (en adelante, PyEJ) desempeñan un papel esencial en el funcionamiento de la economía, al facilitar el desarrollo de la actividad empresarial, la inversión, la organización del patrimonio y la canalización de relaciones jurídicas y financieras. La inmensa mayoría de estas entidades y estructuras son utilizadas con fines plenamente legítimos y constituyen un elemento indispensable para el crecimiento económico, la seguridad jurídica y el desarrollo del tejido empresarial. No obstante, determinadas personas y estructuras jurídicas pueden ser utilizadas de forma indebida para ocultar la identidad de los verdaderos titulares de activos, dificultar la trazabilidad de operaciones o facilitar el blanqueo de capitales y, en menor medida, la financiación del terrorismo.

Por ello, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dedica sus Recomendaciones 24 y 25 y el Resultado Inmediato 5 a promover la transparencia de las personas y estructuras jurídicas y a prevenir su utilización indebida con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En este sentido, los estándares internacionales exigen que los países identifiquen, comprendan y evalúen los riesgos asociados a las distintas tipologías de personas y estructuras jurídicas, tanto nacionales como extranjeras con vínculos suficientes con la jurisdicción, adoptando medidas proporcionadas conforme a un enfoque basado en el riesgo.

España realizó una primera evaluación de los riesgos asociados a las personas jurídicas en el Análisis Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de 2020. Desde entonces, la evolución de los estándares internacionales, el refuerzo del marco normativo europeo en materia de transparencia de la titularidad real y la experiencia acumulada por las autoridades competentes y los sujetos obligados han puesto de manifiesto la conveniencia de elaborar un análisis sectorial específico.

La publicación de este documento tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociados a las personas y estructuras jurídicas en España, así como contribuir al fortalecimiento de las medidas preventivas desde un enfoque basado en el riesgo.

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