Marco legal

La emisión de Deuda pública debe estar autorizada por ley.
 

La Ley General Presupuestaria concede un elevado grado de libertad al Gobierno para la gestión de la Deuda pública, con la única limitación de respetar las restricciones establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio o en otras leyes.
 

Concretamente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio se disponen los criterios generales a los que se ajustará la emisión de Deuda pública a lo largo del año correspondiente y se fija el límite máximo de emisión. Se trata de un límite global, sin distinguir entre diferentes tipos de Deuda pública (interna o externa, por instrumentos, etc.). Así, el Gobierno, y por delegación de la Ministra de Economía y Hacienda (que a su vez delega la mayor parte de sus poderes en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera), puede elegir libremente cualquier tipo de instrumento de Deuda, sus características y el procedimiento de colocación. Además, puede alterar el volumen total de Deuda en circulación, a través de emisiones adicionales, amortizaciones anticipadas y canjes. Todos estos aspectos se regulan en un Real Decreto y en una Orden Ministerial que se aprueban y publican al inicio de cada ejercicio.
 

Por último, en Resoluciones de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, se detallan algunas cuestiones relativas a las emisiones de los diferentes instrumentos de Deuda del Estado para el ejercicio, tales como el calendario correspondiente a las subastas ordinarias o las tablas de equivalencia entre precios y rendimientos.

Por otra parte, el Banco de España actúa como agente financiero del Estado, encargándose de la gestión de la Central de Anotaciones, donde se liquidan y compensan las operaciones realizadas en el mercado español de Deuda pública anotada. Esta tarea es perfectamente compatible con las limitaciones relativas a la prohibición de la monetización y financiación privilegiada del déficit público establecidas en el Tratado de Maastricht, y recogidas en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Por este motivo, también es relevante la normativa contenida en las Circulares del Banco de España.